Destacan la importancia de conmemorar el segundo aniversario del crimen como un acto de memoria, justicia y resistencia.

La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, constituida en la provincia de San Román, al sur de Perú, informó este martes que en enero próximo conmemorará el segundo aniversario de la masacre de Juliaca, para renovar el compromiso con la resistencia, la justicia y la reparación integral a quienes perdieron la vida durante las manifestaciones ocurridas a finales de 2022 e inicios de 2023 contra el Gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte.

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A través de una carta dirigida a medios de comunicación a nivel internacional, nacional, regional y local, el presidente de la Asociación, Raúl Samillán Sanga, destacó la importancia de este evento -que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de enero- como un acto de memoria, justicia y resistencia.

«Este día no será recordado solo con lágrimas; en cada rincón de nuestra ciudad, será también el testimonio de una lucha que sigue viva«, afirmó Samillán.

La conmemoración incluirá una misa especial en el Óvalo By Pass, lugar cargado de recuerdos dolorosos pero también de valentía y dignidad. Además, se llevará a cabo un acto cultural donde la música y el arte serán los vehículos para que las voces de los ausentes sigan resonando con fuerza en los corazones de los presentes.

La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero hizo un llamado a la comunidad y a los medios de comunicación a unirse a esta causa común, subrayando que la justicia no es un sueño lejano ni una utopía, sino un derecho que, juntos, podemos y debemos alcanzar.

La ciudad de Juliaca se tiñó de sangre los días 7, 8 y 9 de enero del pasado año, tras una brutal represión de las fuerzas de seguridad peruanas contra manifestantes que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte. Decenas de civiles murieron asesinados por las fuerzas de seguridad, enviadas a reprimir las protestas, en lo que ha sido catalogado como una masacre.

Testigos del hecho describieron una escena caótica en la que la Policía y el Ejército abrieron fuego contra una multitud de manifestantes desarmados, muchos de los cuales participaban en una marcha pacífica en la que también se exigía la excarcelación del expresidente Pedro Castillo, el cese del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, que deje atrás la Ley de Leyes fujimorista vigente en el país desde 1993.

Aún no hay un recuento oficial definitivo de víctimas por parte del Gobierno. Sin embargo, en las cifras de víctimas preliminares, recopiladas por organizaciones sociales peruanas, figuran 18 muertos, tan solo en el primer día de masacre.

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